18 sentencias Tribunal Supremo que dictan Jurisprudencia en Propiedad Horizontal

Con la ayuda de Sepín Editorial Jurídica vamos a proporcionar una recopilación de diferentes sentencias del Tribunal Supremo que generan Jurisprudencia en el ámbito de la Propiedad Horizontal y que nos permitirán aclarar dudas en la interpretación de la normativa en este ámbito.

Estas son las 18 sentencias dadas por el Tribunal Supremo:

• Se reitera como doctrina jurisprudencial que los acuerdos que, adoptados en junta de propietarios, no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados, son válidos y ejecutables.
• Es doctrina jurisprudencial el abuso de derecho de un propietario a la negativa de aceptar un acuerdo que requiere unanimidad si no hay una argumentación suficientemente fundamentada.
• Es doctrina jurisprudencial que para el inicio del cómputo del plazo de la acción de impugnación se debe probar el conocimiento del acuerdo y no su mera existencia.
• Es doctrina jurisprudencial que el propietario ausente que no discrepa puede impugnar el acuerdo, salvo si la impugnación se funda en la no concurrencia de la mayoría cualificada por la ausencia de voto.
• Es doctrina jurisprudencial que es necesario el acuerdo unánime de la Comunidad para la instalación del aire acondicionado en la cubierta ó azotea al estar prohibida la instalación en los propios estatutos.
• Es doctrina jurisprudencial que la instalación del ascensor que supone la constitución de una servidumbre en espacio privativo, siempre que no afecte a la habitabilidad, y con la correspondiente indemnización, no requiere el consentimiento del propietario afectado.
• Es doctrina jurisprudencial que el arrendador no está obligado a pagar los deterioros producidos en su vivienda/local motivados por las instalaciones comunes. Solo está obligado a pagar las reparaciones que afecten a las instalaciones privativas.
• Es doctrina jurisprudencial que los contratos de arrendamiento de vivienda de portería/ático, etc. si esta propiedad es la propia comunidad, se requiere el acuerdo de los 3/5 de la totalidad de los propietarios.
• Es doctrina jurisprudencial, que sea nulo todo aquel acuerdo que no sea adoptado por unanimidad que se modifique la forma de participación de los gastos de sustitución del antiguo sistema de calefacción. No basta en este caso con los 3/5.
• Es doctrina jurisprudencial y debe ser aprobada por unanimidad el cerramiento de la finca, cuando este cerramiento perjudique a los propietarios de los locales comerciales y altere los elementos comunes.
• Se fija como doctrina jurisprudencial que la convocatoria para la celebración de juntas exige para la validez de los acuerdos que se adopten, que se fijen en el orden del día los asuntos a tratar.
• Se reitera como doctrina jurisprudencial, que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con el apoyo en el NO USO DEL SERVICIO, comprenden tanto los gastos ordinarios como extraordinarios.
• Se reitera como doctrina jurisprudencial, que la ejecución de obras en elementos comunes, tales como los forjados, los cuales conforman la estructura del edificio, requieren el consentimiento unánime.
• Es doctrina jurisprudencial que cuando el Título Constitutivo establece la posibilidad de segregar un local, se está autorizando implícitamente la abertura de una salida.
• Es doctrina jurisprudencial el que la Comunidad acepte el cerramiento del patio durante un largo período de tiempo por lo que se está ante un consentimiento tácito de la obra.
• Es doctrina jurisprudencial, el que el Presidente de la Comunidad debe estar autorizado por acuerdo válidamente adoptado en junta para ejercitar acciones judiciales en defensa de la Comunidad.
• Se fija como doctrina jurisprudencial lo referente al art. 9 y 21 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando el deudor, por obligación propia o extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral. La reclamación frente a este solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre.
• Se declara como doctrina jurisprudencial que la expresión “hubiera salvado su voto”, debe interpretarse en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra, sino solo al que se abstiene.

Por último, vamos a dejar constancia de una sentencia por la importancia que tiene para los Administradores de Fincas Colegiados. Esta sentencia es del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, Sección 3º 2393/2016 del 8 de noviembre. “No procede la inscripción de la marca APAF-Asociación Profesional de Administradores de Fincas- al concurrir motivo de prohibición absoluta por inducir a confusión con la actividad colegiada de los Administradores de Fincas”. Dentro de los fundamentos de Derecho dice lo siguiente:

“En definitiva, en un análisis conjunto y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo recaída acerca de la prohibición absoluta aquí examinada, se desprende que la locución citada, contiene vocablos que exclusivamente se componen de términos descriptivos de la asociación que aglutina a los colegiados que ejercen una actividad profesional conocida y organizada a través de colegios profesionales de base corporativa, sin configurarse en su conjunto como un signo novedoso y de fantasía para distinguir los servicios que presta. Y como ya sostuvimos en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, de 27 de abril de 2015 (rec. 3888/2013 ), en aquella ocasión con relación a la marca ««Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura», pero cuya doctrina resulta trasladable al caso que ahora se enjuicia, no resulta irrazonable pensar que el demandante individual o colectivo de los servicios reivindicados por la marca solicitante podría incurrir en el error de creer que los servicios prestados por la empresa privada que pretende la inscripción de esta marca están avalados por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, como entidad corporativa que agrupa a los colegiados que prestan las funciones propias de esta profesión, carácter del que carece la entidad solicitante como ella misma reconoce en su escrito de contestación al recurso de casación, afirmando que «en ningún momento mi representada se ha publicitado de manera explícita o implícita como un órgano colegial, sino más bien al contrario, estableciendo de manera clara que se trata de una asociación y no de colegio profesional alguno» añadiendo más adelante que «en cuanto a la afirmación de que se produce la confusión de la marca de mi representada pretendiendo el respaldo de una institución oficial, afirmamos que nunca ha existido ambición de vinculación con ningún colegio de Administradores de fincas, sin más bien al contrario…». Por ello, si como ella misma admite carece de cualquier vinculación con las Asociaciones y los Colegios profesionales de administradores de fincas ni pretende tenerlo, la utilización de la denominación pretendida induce a confusión y propicia que el consumidor medio pueda llegar a la conclusión contraria, que debe ser evitada, pudiendo elegir otros muchos distintivos de fantasía que no induzcan a pensar en el destinatario que los servicios los presta un colegio profesional oficial.”

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Fdo. Miguel Fernández

Administrador de Fincas en Madrid y Guadalajara